Ordena tu voto.
Y no se pierde ni uno.

No, no son tres. El «1·2·3…» es solo la manera corta de decir «usted ordena». En la práctica puede numerar cuantos candidatos quiera: dos, cinco, o todos los del tarjetón. En Australia hay que numerarlos a todos; en Alaska se puede hasta cuatro; en Nueva York, hasta cinco. Lo que proponemos para Colombia es que usted ordene los que quiera, sin tope y sin obligación.

No. El voto preferente que ya existe sirve para ordenar candidatos dentro de un mismo partido: usted marca el logo y, si quiere, a uno de esa lista, y eso decide quién del partido se queda con las curules que el partido ganó (Art. 263A de la Constitución, introducido por el Acto Legislativo 01 de 2003 y reglamentado por la Ley 1475 de 2011). Lo que proponemos —el voto preferencial ordinal, o IRV, que en público llamamos voto ordenado— ordena candidatos de partidos distintos y decide quién gana la Presidencia. Se parecen en el nombre y en nada más.

Puede. Marca el «1» y no marca nada más: es un voto válido y cuenta entero por ese candidato. Lo único que pasa es que, si ese candidato queda eliminado, su tarjetón deja de contar en las rondas siguientes. No se anula, no lo penalizan: simplemente ya no se transfiere. Ordenar un segundo no es obligación; es la forma de seguir en la conversación hasta el final.

Sale de la carrera y su tarjetón pasa entero al siguiente candidato que usted marcó y que siga compitiendo. No vale medio voto ni un voto de segunda: vale uno completo para su siguiente opción. Si usted no marcó a nadie más, su tarjetón deja de contar de ahí en adelante. Por eso conviene marcar al menos dos o tres.

No. Nunca cuentan las dos al mismo tiempo. Mientras su favorito siga en carrera, su voto está completo con él y su segunda opción no existe para el conteo. Solo se activa si su primero queda eliminado. Por eso puede poner de primero al que de verdad quiere, sin hacer cálculos y sin miedo a «gastar» el voto.

Sí. El tarjetón pasaría de una casilla única a una cuadrícula donde usted escribe 1, 2, 3… frente a los candidatos que quiera. Hay que rediseñarlo, probarlo con votantes reales, y cambiar los formularios de escrutinio y las instrucciones a los jurados. Imprimirlo no es lo caro. Lo caro —y lo decisivo— es la campaña para enseñar a usarlo.

Con honestidad: puede pasar justo lo contrario. En Burlington, Vermont, en 2009, el candidato moderado —que le habría ganado a cualquiera en un mano a mano— quedó eliminado en rondas intermedias y ganó otro; la ciudad derogó el sistema al año siguiente. Se llama exprimidor del centro y golpea precisamente donde el electorado está partido en dos, como el colombiano. No garantizamos que gane el centro.

Los cuenta la Registraduría, con los mismos jurados de mesa y en los mismos puestos de votación de siempre. Lo que sí cambia son los formularios: las actas de escrutinio (los E-14) tendrían que rehacerse para registrar ronda por ronda. Y el escrutinio es más complejo: hay rondas de redistribución, exige software certificado y auditado, capacitación extra para cientos de miles de jurados y publicación de resultados ronda por ronda. Esa complejidad es una desventaja real del sistema, no un detalle, y hay que resolverla en la ley antes y no después.

La evidencia está dividida, y así hay que decirlo. En Maine, un estudio del MIT encontró que los votantes reportaron menos satisfacción, menos confianza y más dificultad con el sistema. En Alaska, en cambio, el 99,8 % de los votos fueron válidos tras una campaña fuerte de pedagogía (dato de la Alaska Division of Elections, no de organizaciones promotoras). La diferencia no está en el sistema: está en el diseño del tarjetón y en cuánto se invierta en enseñarlo.

La noche de la elección se conocerían las primeras preferencias. Si nadie pasó de la mitad, el resultado definitivo llega después de las rondas de redistribución. En Nueva York, en 2021, eso tardó semanas y generó confusión pública y una crisis de comunicación. Es un problema real, y es de diseño: hay que definir antes cómo y cuándo se publica cada ronda.

A ninguna en particular, y la historia lo muestra. Australia lo adoptó en 1918 un gobierno conservador, para que su propio voto dejara de dividirse y regalarle escaños al rival. En Maine les dio seis puntos más a los partidos pequeños. En Burlington eligió al candidato más de izquierda, y la ciudad lo derogó. Depende de cómo se distribuyan las preferencias, no de la ideología.

Pueden recomendarlo, y eso tiene algo de sano: empuja a que los acuerdos entre campañas se hagan en público y antes de la elección, en vez de negociarse a puerta cerrada durante las tres semanas entre vueltas. Pero el orden lo escribe usted en su tarjetón. En Australia, la mayoría de los votantes de los partidos grandes —cerca del 60 %, según los estudios electorales australianos— no sigue la recomendación de su propio partido.

Sí, se acaba como jornada aparte: todo se resuelve el mismo día. Lo bueno: una elección nacional menos, sin las tres semanas de incertidumbre, y un ganador que se arma con las preferencias de todo el electorado y no solo de los votantes de dos finalistas. Lo malo: el conteo es más complejo y el resultado definitivo tarda más. Las dos cosas son ciertas.

Hablamos de un orden de magnitud cercano a un billón de pesos por ciclo, en términos de 2026: es lo que costó montar la segunda vuelta de ese año. No lo presentamos como cifra exacta ni como ahorro garantizado: siete de las nueve elecciones desde 1994 fueron a segunda vuelta, pero 2002 y 2006 se resolvieron en primera. Y hay un costo de transición, por una sola vez, que hay que descontar.

Funciona en Australia desde 1918 —la ley es de ese año y la primera elección general con el sistema fue la de 1919—, en la elección presidencial de Irlanda, y en Maine, Alaska, Nueva York y San Francisco. Y sí, ha fallado: Burlington lo derogó en 2010; Papúa Nueva Guinea lo limitó a tres preferencias y no logró sus objetivos; y el Reino Unido lo rechazó en referendo en 2011, con un 67,9 % de NO. Preferimos que conozca las dos listas.

La segunda vuelta está escrita en el Artículo 190 de la Constitución, así que no basta una ley: hay que reformar la Constitución. La vía más viable es un Acto Legislativo: ocho debates en el Congreso, repartidos en dos períodos seguidos. Después habría que ajustar el Código Electoral y los formularios de escrutinio. Sin el Congreso no hay reforma posible por ninguna vía.

Lo que está sobre la mesa aquí es la Presidencia (Art. 190). El estudio también contempla llevarlo a alcaldías y gobernaciones, donde hoy se gana sin ningún umbral de mayoría, y para Congreso, concejos y asambleas propone un sistema distinto —el voto único transferible, que es proporcional—. Son reformas más grandes, con su propia discusión. No las metemos en la misma bolsa.

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